Un daño irreparable
La Administración Autonómica tiene establecido en la ley de Flora y Fauna de 2003 que el uso de cebos envenenados es una infracción muy grave que conlleva la suspensión cautelar y la retirada del aprovechamiento cinegético para quienes cometan esta ilegalidad, así como la aplicación de una sanción económica que va desde los 60.000 a los 300.000 euros (sin perjuicio del resto de medidas impuestas por los tribunales).