Un daño irreparable

La Administración Autonómica tiene establecido en la ley de Flora y Fauna de 2003 que el uso de cebos envenenados es una infracción muy grave que conlleva la suspensión cautelar y la retirada del aprovechamiento cinegético para quienes cometan esta ilegalidad, así como la aplicación de una sanción económica que va desde los 60.000 a los 300.000 euros (sin perjuicio del resto de medidas impuestas por los tribunales).

El uso de estos cebos, además de causar un daño irreparable en animales salvajes y domésticos, puede provocar la muerte de seres humanos, especialmente niños. En los últimos meses, la Justicia ha respaldado la labor de este equipo de lucha contra los cebos envenenados por medio de sentencias o procedimientos abiertos en Granada, Córdoba, Huelva y Jaén.